Mérida, Yucatán. Habitantes del municipio de Kanasín promovieron este día un juicio de amparo ante la justicia federal con el objetivo de que no continúen las operaciones del relleno sanitario de la localidad, luego de denunciar que el sitio seguiría recibiendo residuos a pesar de haber sido clausurado total e indefinidamente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
El recurso legal fue interpuesto ante un juzgado federal con sede en Yucatán y busca la suspensión inmediata de cualquier actividad irregular en el tiradero, al considerar que su operación representa un riesgo para la salud pública, el medio ambiente y los derechos de las comunidades vecinas.
Cabe recordar que en octubre de 2025, la PROFEPA ordenó la clausura total del relleno sanitario de Kanasín, tras una diligencia de inspección realizada el 6 de octubre, derivada de diversas denuncias ciudadanas. Durante la revisión, la autoridad ambiental detectó múltiples irregularidades estructurales, operativas y de manejo ambiental, por lo que levantó el acta administrativa correspondiente.
La clausura material se ejecutó el 13 de octubre, mediante la colocación de sellos oficiales y lonas de aviso en la entrada principal del sitio, estableciendo que el relleno no puede recibir nuevos residuos, permitiéndose únicamente labores mínimas de mantenimiento autorizadas.
Entre las anomalías detectadas por la PROFEPA se encuentran incumplimientos en controles técnicos, deficiencias en el manejo de lixiviados y cobertura diaria de residuos, irregularidades en permisos ambientales, así como riesgos potenciales para el suelo, los recursos hídricos y la población cercana, en contravención a la NOM-083-SEMARNAT-2003.
El amparo promovido por los residentes se da en un contexto de indignación social, luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos que presuntamente muestran la continuidad de operaciones del basurero, operado por Grupo Ciclo Corporativo, a pesar de la clausura federal.
Ambientalistas locales han manifestado su confianza en que la PROFEPA actuará conforme a la ley para garantizar el respeto a la clausura. Salvador Castell González, presidente de la asociación Va por la Tierra, reconoció el actuar de la dependencia federal y llamó a mantener la vigilancia ciudadana para evitar delitos ambientales que afecten a Kanasín y a la zona metropolitana de Mérida.
En 2025, la PROFEPA ha intensificado sus inspecciones en Yucatán y la Península, aplicando clausuras por rellenos ilegales, cambio de uso de suelo y afectaciones a manglares y humedales en municipios como Chicxulub Puerto, Tekax y zonas cercanas a la Reserva Cuxtal.
Mientras el juzgado federal analiza el amparo promovido por los vecinos de Kanasín, los residentes exigen que se haga valer la clausura, se sancione cualquier incumplimiento y se priorice la protección ambiental y la salud de la población.
Estás protestas ciudadanas están sustentadas en el derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar señalado en el Artículo 4o Constitucional.
